La equidad figura como un principio rector del accionar de las entidades públicas, el cual no solo busca la igualdad de las personas ante la Ley o el Estado sino garantizar igualdad de condiciones, reconociendo las diversidades de la población. En el marco de este concepto se encuentra la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, ubicándolo así en la agenda de las entidades del orden nacional. Por esta razón, el Departamento Nacional de Planeación en septiembre de 2020 contrató a Steer para analizar el papel del servicio de transporte público colectivo en relación con el concepto de equidad en las ciudades, y así generar recomendaciones de política pública en materia de transporte público y planificación urbana.
En el desarrollo de este proyecto se analizó la relación conceptual entre la equidad y otros términos clave como desigualdad, justicia espacial y exclusión social, así como el papel que juega el transporte público en el acceso de las personas a las oportunidades de las ciudades y, por lo tanto, cómo su planeación, considerando aspectos particulares de las poblaciones más vulnerables, puede contribuir a disminuir las brechas sociales y mejorar el desarrollo económico de las ciudades.
De esta manera, en una primera etapa se planteó como hipótesis el ciclo vicioso de formación de desigualdad asociado al transporte, producto de medidas inequitativas el cual básicamente establece que:
- Las personas con menor poder adquisitivo están obligadas a vivir en las periferias de las ciudades, donde los costos del suelo son menores, pero también donde las oportunidades y servicios que se ofrecen son más escasos.
- Vivir lejos de las oportunidades supone un aumento en los tiempos y los costos de los viajes que las personas tienen que hacer en su día a día a sus lugares de estudio o trabajo.
- Emplear más tiempo y dinero para realizar las actividades obligatorias limita los recursos restantes para hacer otras de carácter ocasional, disminuyendo el disfrute que tienen las personas de los servicios de las ciudades.
Para validar esta hipótesis, se analizaron las características socioeconómicas, urbanas y de movilidad de cuatro aglomeraciones del país: Pasto, el Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO), Cali y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), tomando diferentes fuentes de información, dentro de las que se destacan las encuestas domiciliarias de movilidad de cada ciudad, que representan el principal instrumento para conocer los patrones de viaje de las personas.
El análisis incluyó estadística descriptiva con la información secundaria, la construcción de modelos de regresión logística y coeficientes de localización que permitieron establecer relaciones entre las variables identificadas y el concepto de equidad, con los cuales fue posible evidenciar que en todas las ciudades de estudio los hogares dependientes del transporte público presentan los mayores tiempos de viaje, limitando el desarrollo de otras actividades y el acceso a diferentes oportunidades de las ciudades. Esta situación genera una tendencia a la mayor utilización de modos de transporte privado entre los que tienen esa posibilidad, aumentando la congestión, deteriorando financiera y operativamente los sistemas de transporte público e incrementando las brechas sociales y económicas.
Se reconoce que un sistema de transporte público contribuye a la equidad de las ciudades cuando tiende a reducir el costo de los usuarios que dependen de él, principalmente asociado a la reducción de los tiempos y costos de estos viajes, se plantearon recomendaciones de política pública que atiendan este fin a través de diferentes herramientas de planeación urbana y mejoramiento de los sistemas de transporte y sus coberturas, con énfasis en aquella población económicamente vulnerable, segregada espacialmente y con limitaciones de acceso a las oportunidades de las ciudades.
Para Steer es muy importante ser parte de estos proyectos que replantean las políticas alrededor del transporte público y la planeación urbana, de tal forma que se tenga en cuenta no solo la sostenibilidad financiera de los sistemas, sino también un componente social que apunte a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.